jueves, 30 de enero de 2014

Cánovas, la propiedad, y el derecho de las superioridades humanas…






LA GRANDE ESCUELA DE CÁNOVAS DEL CASTILLO.

La Restauración borbónica de 1874 había puesto fin al agitado período que entre 1814 y 1873 conoció en España la monarquía constitucional de Fernando VII, la vuelta de la monarquía absoluta bajo el mismo Fernando VII, el regreso de la monarquía constitucional bajo la rama liberal de los Borbones, la larga sucesión de guerras civiles carlistas promovidas, en connivencia con la Iglesia, por la rama absolutista de esa misma dinastía, la dictadura liberal del general Espartero, la dictadura liberal-conservadora de Narváez, el protectorado liberal del general Prim, la Revolución de 1868, la efímera Primera República española de 1873. El arquitecto de la monarquía constitucional borbónica restaurada fue don Antonio Cánovas del Castillo.

Como Bismarck diseñó para el Imperio de Guillermo II en 1871 una estructura constitucional no sólo firmemente anclada en la grosse Sammlung, sino, al propio tiempo, equilibrante y conservadora ella misma de esa mezcla de poderosas fuerzas sociales dispares, así también Cánovas trató de basar su edificio constitucional en una especie de “gran unión” a la española. La monarquía alfonsina restaurada estaba explícitamente concebida por el político conservador como un lugar en el que cabían, desde luego, los liberales, formando una “grande escuela”, iban a estar de acuerdo –y el grueso de ellos lo estuvo- en lo esencial. Y lo esencial era esto:



“Lo que más principalmente ha de dividir en lo sucesivo a los hombres, sobre todo en nuestras sociedades latinas… no han de ser los candidatos al trono, no ha de ser siquiera la forma de gobierno, ha de ser más que nada esta cuestión de la propiedad. La propiedad, representación del principio de continuidad social; la propiedad, en que está representado el amor del padre al hijo, y el amor, y el amor del hijo al nieto; la propiedad, que es desde el principio del mundo hasta ahora la verdadera fuente y la verdadera base de la sociedad humana; la propiedad… se defenderá con cualquier forma de gobierno, con todos los que real y verdaderamente defiendan la propiedad… se creará una grande escuela, se creará un grande y verdadero partido, que, aun cuando entre sí tenga divisiones profundas, como todos los partidos las tienen, estará siempre unid por un vínculo, por un fortísimo lazo común.”
(Antonio Cánovas del Castillo, Discurso sobre la Internacional (…) Más adelante puede leerse: “Nosotros queremos… la propiedad individual y condenamos la propiedad colectiva; nosotros creemos que la propiedad colectiva es pura y simplemente la barbarie, el retroceso, ni más ni menos”)

Unas páginas antes, en el mismo discurso, Cánovas había aclarado muy bien qué significado social y político general daba él a la “propiedad”:

“La propiedad no significa, después de todo, en el mundo, más que el derecho de las superioridades humanas; y en la lucha que se ha entablado entre la superioridad natural, entre la desigualdad natural, tal como Dios la creó, y la inferioridad que Dios también ha creado, en esa lucha, triunfará Dios y triunfará la superioridad contra la inferioridad.”




La Restauración borbónica de 1874 estaba, pues, concebida por su principal inspirador como un régimen socialmente asentado en las capas “naturalmente superiores” de los propietarios, y dispuesto sólo a dar juego a las fuerzas políticas que creyeran en la “desigualdad natural, tal como Dios la creó”. Para jugar a ese juego, Cánovas contó enseguida con la adhesión del grueso de los liberales españoles, dirigidos por Sagasta. Para sostener lo más firmemente posible su régimen político en la rala capa social de los propietarios, y mantenerlo y defenderlo de la barbarie de los que Dios creó inferiores, Cánovas contaba inicialmente con tres robustos contrafuertes dispuestos a manera de barreras protectoras: el carácter puramente constitucional –no parlamentario- de la monarquía, un amplio y ramificado sistema caciquil de compra de votos y amaño de elecciones, y finalmente, el sufragio censitario.

Tan eficaces se mostraron en el desempeño de sus tareas funcionales los dos primeros, que pronto pudo prescindirse del último: antes que Suecia y Austria, antes que Holanda y Bélgica, antes que Italia y el reino de Prusia, los súbditos del reino de España disfrutaron de sufragio universal masculino a partir de 1889. Cánovas y Sagasta –y luego, sus sucesores- se turnaron educadamente en el poder, trocando a intervalos consensuados con el monarca sus respectivos puestos en el gobierno y en la oposición, y convocando a conveniencia las elecciones. Papel esencial desempeñaban aquí los “muñidores de elecciones”, los ministros encargados de organizar el corrompido proceso que había de llevar con esmerada precisión –caciques económicos locales, secretarios de Ayuntamiento, Guardia Civil y gobernadores civiles provinciales mediante- al resultado previsto de antemano, en punto a reparto de escaños entre las fuerzas políticas parlamentarias.



En 1907, Unamuno describía sumariamente así el proceso por el que se formaba un parlamento en ese régimen constitucional, y la consiguiente composición social y humana del mismo:

“Masas enteras de campesinos ignoran quién gobierna… Están convencidos de que todo se obtiene por el valimiento del cacique… Todo eso envía al Parlamento un montón de grandes propietarios o de criados de ellos, de señoritos ignorantes, de sportsman incultos, de niños góticos, de ricachos empedernidos y sobre todo, de insignificantes que están a merced de la voluntad del que manda”.



Antoni Domènech (El eclipse de la fraternidad).