jueves, 4 de septiembre de 2014

Cómplices necesarios (3): Las fuerzas del orden. / Lidia Falcón







Cómplices necesarios (3): Las fuerzas del orden. 


El vídeo grabado por un vecino nos muestra a un grupo de policías municipales apaleando a un negro mantero. Cuando otros viandantes se acercan a defender a la víctima, los agentes les pegan también. Esta escena es de hace quince días en Madrid.
En Barcelona ya han muerto dos hombres al ser detenidos por los Moços de Escuadra –sorprendente es que sea en Cataluña donde ha habido más víctimas, mortales o no, del maltrato de la policía. Las imágenes de los video aficionados muestran en estos últimos años a agentes de diferentes cuerpos apaleando a manifestantes –en Barcelona una señora ha perdido un ojo por un pelotazo de las fuerzas del orden-, estudiantes, feministas, obreros, indignados, víctimas de desahucios, hasta discapacitados en silla de ruedas. Cientos de subsaharianos son esposados, pateados y detenidos cuando se deciden a atravesar la infame valla cuajada de navajas que separa Marruecos de Melilla. Y también cuando se atreven a intentar ganar unos céntimos para comer, vendiendo bolsos de imitación en las calles de las ciudades españolas. Algunos han muerto al ser disparados con pelotas de goma en el mar, cuando se estaban ahogando. En las cárceles se sigue maltratando a los reclusos que tienen menos medios, como han denunciado algunos trabajadores sociales.
Y esto en tiempos de democracia consolidada, como les gusta decir a los politólogos que opinan todos los días en televisión.




En tiempos de dictadura, la Policía Nacional (los grises), la Policía secreta, la Policía Político-Social, la Guardia Civil, la Policía Municipal, los funcionarios de prisiones, fueron los esbirros de la represión franquista. Y también de los años de la llamada Transición, que se prolongó interminablemente. Algo se ha publicado —poco para el horror que fue— sobre las detenciones, las torturas, las desapariciones, el robo de niños y los asesinatos que impunemente cometieron esos representantes de las fuerzas del orden y de las prisiones contra los opositores políticos, y no tan opositores como varias víctimas del GAL o los muchachos asesinados en Almería en los años ochenta. Pero nada se dice sobre la insania con que trataron –y siguen tratando- a los detenidos comunes. El trato humillante y despectivo, los insultos, las esperas interminables, las esposas que se clavan en la carne durante horas y las palizas en las comisarías, los golpes y los castigos en las prisiones, se aplican continuamente a los que acusan de delincuentes. Durante la dictadura y ahora.
La sociedad civil, bien pensante, de orden, sea de clase media, burguesa o trabajadora no siente ningún interés por la situación y el destino de los descuideros, drogadictos, negros manteros o mendigos. Ni los delincuentes ni los emigrantes ni los pordioseros merecen la atención ni la preocupación más que de las ONG dedicadas a ello. Por tanto son pasto impune de la brutalidad policial.



Un país no puede presumir de democrático mientras las fuerzas del orden 
sigan siendo los agentes de la represión de todo aquel que no esté inserto en el modelo de buen ciudadano burgués amante del orden. Y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que resucita la del franquismo viene a consolidar no la democracia sino la represión.
Ya sabemos que el Partido Popular ama el orden fascista y por tanto la legislación que con tanto empeño va aprobando nos retrotrae a los peores tiempos de la dictadura, pero si no hubiera cómplices necesarios ninguna orden emanada del Ministro del Interior ni del Subsecretario ni de los Delegados del Gobierno ni de los Gobernadores Civiles ni de los Directores Generales, se podría cumplir. Para que se disperse una manifestación a palos y porras eléctricas, para que se incauten los teléfonos móviles y las cámaras fotográficas de los que quieren registrar los acontecimientos, para que se golpee a detenidos esposados en las comisarías, para que se agreda a los viandantes cuando intentan defender a un negro mantero maltratado, para que se encierre en celdas de castigo a un preso, hacen falta hombres –no suelo ver mujeres manejando las porras en la calle- dispuestos a ello.
Como lo estuvieron, durante cuatro décadas, los agentes de la Policía Nacional, de la Secreta, de la Político-Social, de la Guardia Civil, de las policías locales y los funcionarios de prisiones. Para mantener el orden franquista que se impuso mayoritariamente durante aquellos infames cuarenta años, hizo falta que un sinnúmero de agentes, con diversos uniformes pero igual insania, no solo se alistaran en los diferentes cuerpos de la represión, sino que actuaran en el ejercicio de su profesión con dedicación y entusiasmo.
Los policías que me colgaron de los brazos para apalearme durante nueve días en la Dirección General de Seguridad de Madrid, en el año 1974, disfrutaron de momentos excitantes. Como los que torturaron a todos los demás compañeros y todas las demás compañeras mías de infortunio. Y así, día tras día, durante mucho más que cuatro decenios. Porque torturados y torturadas en las calles, en las comisarías y en las cárceles, fueron muchos y muchas después de la muerte del dictador.
Y los policías y los funcionarios que lo hicieron no estaban amenazados con una pistola en la frente. Se presentaron a los exámenes de ingreso voluntariamente y voluntaria y libremente cumplieron las órdenes de detener y apalear a todo el que molestara al régimen. Los que aplicaban corrientes eléctricas en los testículos y en la vagina, hundían la cabeza del detenido en un cubo de agua hasta casi ahogarlo, violaban a las mujeres, las colgaban de unos ganchos del techo para golpearlas en la barriga –objeto de envidia y odio machista,”¡ ya no parirás más!”, recuerdo que me decían-, daban puñetazos en la cara de las víctimas hasta dejarlas irreconocibles, obligaban a los detenidos y a las detenidas a estar de pie días y noches sin comer y sin beber, apaleaban a los presos en sus celdas, no eran pobres trabajadores obligados por la miseria a ejecutar su tarea.
Recuerdo que en los tiempos en que el Partido Comunista aprobó su tesis de “la reconciliación nacional”, se intentó difundir la idea de que los cuerpos represivos estaban formados por individuos de las clases populares -lo que en buena parte era cierto- y por tanto, nosotros, los militantes y las militantes comunistas –detenidos, insultados y torturados por aquellos- debíamos comprender que no hacían más que cumplir órdenes (a disgusto) de sus superiores, que eran pocos, y debíamos tratarlos, en consecuencia, como a otras víctimas del régimen franquista.



Esta tesis se difundió a través de los intelectuales del partido. Como ejemplo recordemos la novela El Capirote, donde Alfonso Grosso explica con todo verismo la miseria del pueblo sevillano de los años sesenta. Cuenta como un trabajador enfermo y en paro se decide a cargar con las andas de un Paso por ganar unos duros, cuyo esfuerzo le conduce a la muerte, y dedica unas páginas a disculpar a los guardias que le pegan, con los argumentos anteriormente transcritos, cumpliendo la consigna del PCE.
Si no hubiese habido los suficientes cómplices necesarios en todas las Fuerzas del Orden y funcionarios de Prisiones, no se hubiese tirado por el balcón de la Dirección General de Seguridad a Julián Grimau, no se hubiera herido y detenido a Salvador Puig Antich, no se hubiese matado a Manuel Fernández en la huelga del Besós de Barcelona ni a los obreros de Vitoria ni a Salvador Rueda en la cárcel de Carabanchel. No se hubiera torturado a Juana Doña, a Soledad Real, a Manolita del Arco. Y no puedo añadir aquí toda la lista de las víctimas porque llenaría una enciclopedia. En noviembre de 1975, cuando murió el dictador, había más de cinco mil presos políticos en las cárceles de España y éramos veinticinco mil los procesados que estábamos en libertad provisional. El noventa y nueve por ciento de todos habíamos sido torturados por uno u otro cuerpo de la llamada Seguridad de Estado.
Pues bien, tanto los hermanos Creix de Barcelona, como Portela, Willy el Niño y el comisario Conesa de Madrid, el comisario Álvarez de Zaragoza, –por citar solo los nombres más conocidos que recuerdo de memoria- siguieron en sus puestos, cobraron sus sueldos y las pagas extraordinarias, los ascendieron y hasta los condecoraron cuando llegó la “democracia”, y se jubilaron con todos sus emolumentos y honores.
Sabemos ya, gracias al esfuerzo, el trabajo y la información de los grupos que tratan de difundir la Memoria de nuestra Historia, que 150.000 restos de republicanos y republicanas yacen todavía debajo de las cunetas, los campos y las carreteras de todo nuestro país. Y solo gracias a la acción de estos grupos una jueza argentina está tramitando el único proceso criminal que se ha abierto en el mundo contra algunos de los asesinos y torturadores durante la dictadura, como Willy el Niño.



Porque después de todos los horrores que perpetraron los policías de los diversos cuerpos y los funcionarios de Prisiones, durante casi medio siglo, ninguno ha sido condenado como se debía cuando llegó a España la tan ansiada democracia. Y por supuesto, nunca nos pidieron perdón.
Por eso, ahora, siguen apaleando a manifestantes, feministas, negros manteros y viandantes. Sin ninguna consecuencia.

Lidia Falcón





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