martes, 16 de diciembre de 2014

Bankia y las lecciones de la lucha de clases en el sector bancario / G. Buster





Bankia y las lecciones de la lucha de clases en el sector bancario 

“Si los supervisores dijeran a los mercados todo lo que conocemos de las entidades en España y en todo el mundo no existirían los mercados ni la supervisión, porque los supervisores conocen la realidad”
Javier Ariztegui, exvicegobernador del Banco de España y expresidente del FROB.

La filtración del informe (1 y 2) para el juez Fernando Andreu, que investiga el caso de las acciones preferentes de Bankia, elaborado por los técnicos del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras y Antonio González Ruiz, es simplemente demoledor para todos los imputados. Contradice sustancialmente, además, declaraciones anteriores del entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, del vicegobernador del BdE y presidente del FROB Javier Ariztegui, de los presidentes sucesivos de Bankia, Rodrigo Rato y José Ignacio Goirigolzarri, y una larguísima lista de consejeros de la entidad, como, entre otros, el exsecretario de economía Fernández Norniella y, especialmente, del actual ministro de economía y reconocido historiador de Caja Madrid, Luis de Guindos.

El informe comienza con un resumen histórico de la crisis de BFA-Bankia en el contexto de la bancarrota de las Cajas de Ahorro que acabó con el rescate del 50% del sector financiero español por la UE, a costa de un Memorándum que ha sido la hoja de ruta de la política de austeridad del gobierno Rajoy, con un coste neto para el erario público de 46.000 millones de euros, la mitad a causa de Bankia, servicio de la deuda aparte. A diferencia de la intervención en el Congreso de los Diputados de Rajoy el 11 de julio de 2012, que fue seguida de la del nuevo gobernador del BdE, Luis Linde, y de la del ministro de economía de Guindos pocos días después así como  de las sesiones informativas de la comisión de economía de los días 24-26 de julio, el informe ofrece una tesis funcional de la crisis del sector bancario español qué, como se recordará, fue calificado en 2008 por Zapatero y Miguel Ángel Fernández Ordóñez como un ejemplo de regulación para el resto del mundo.

Sinpermiso dedicó en su momento una editorial a aquella serie de intervenciones parlamentarias, la única explicación pública que han ofrecido las autoridades españolas a los ciudadanos de las causas de sus males en estos últimos tres años. Su explicación “ortodoxa” pretendía fijar los límites del debate, orientado teleológicamente a los objetivos políticos del mismo: la culpa de la crisis la tenía la “politización” aprofesional de la gestión de las Cajas, los fallos de supervisión del Banco de España –cuyo prestigio y autoridad se encargó de hundir el ministro de economía de Guindos-, la “burbuja” inmobiliaria no pinchada por el gobierno Zapatero, la perdida de competitividad y la consiguiente deuda externa comercial como consecuencia de la “rigidez” del mercado laboral.




Frente a la tesis del gobierno del PP, el expresidentes del BdE, Fernández Ordóñez, y la exministra de economía Salgado, defendieron entonces su gestión, también en el marco de una política neoliberal “ortodoxa”, como “gradualista” a partir de la creación del FROB, para propiciar una reconcentración bancaria, tras el saneamiento público de las Cajas de Ahorro, que favorecería esencialmente a las grandes entidades como el Santander, BBVA y La Caixa: los ahorros de la mayoría se entregarían a la gestión de los “mejores”, bajo la protección del estado.

Como sabemos, este esquema fracasó. Alrededor de Caja Madrid y el Banco de Valencia se desató una guerra por el control de la reestructuración de las entidades –de las que dependían en buena medida la financiación de las dos Comunidades autónomas más importantes del PP- que no fue tanto un enfrentamiento entre los partidos, patronales y sindicatos sometidos al férreo pacto de corrupción establecido por Blesa, como un choque institucional entre el BdE y el Ministerio de Economía, presionados por los grandes intereses oligárquicos de la banca privada para orientar a favor de intereses concretos el rescate que imponía la UE como respuesta urgente, a falta de cualquier plan a largo plazo, de la crisis del euro.




La salida a bolsa de Bankia
La tesis del informe elaborado para el juez Andreu, que intenta ante todo responder a la cuestión de la responsabilidad penal de las perdidas de los preferentistas, es en este sentido unilateral: hubo un fraude fiscal en la contabilidad de BFA-Bankia, que no cumplió en 2011 con la normativa del BdE, en especial en lo referente al valor de los activos inmobiliarios de las sociedades participadas del Grupo Bankia.

Aunque la decisión de salida a bolsa de Bankia se tomo en el consejo de administración de 17 de febrero de 2011, nombrando a la firma Lazard como asesor, hasta el consejo del 28 de junio no se optó por “unanimidad” la formula definitiva de OPS, descartando las otras dos posibilidades: colocación de un 20% del capital entre terceros inversores o la entrada del FROB en el capital “debido a los efectos sobre la gobernanza” (es decir, la aparición de terceros o del FROB que cuestionaría el pacto de hierro forjado por Blesa a golpe de tarjetas “negras”).  En el informe de Lazard se señala ya la preocupación por la relación patrimonial BFA-Bankia y por la exposición al sector inmobiliario.

Como se sabe, la primera preocupación se resolvería haciendo recaer sobre BFA el descuento del valor de las acciones (diez meses más tarde, Deloitte sacaría las conclusiones pertinentes y propondría valorar su patrimonio en Bankia en 0). La segunda se acabaría convirtiendo en un “error contable”, como reconoce el acta del consejo de administración de Bankia de 12 de diciembre de 2011. Las sucesivas auditorias de Deloitte, una de las cuatro grandes multinacionales del sector junto a PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst&Young y KPGM, fueron ratificando esa contabilidad que no cumplía la normativa del BdE. Con esa información salió a bolsa el 55% del capital de Bankia el 20 de julio de 2011, a un precio de 3,75 euros por acción, tras los controles del BdE y el beneplácito  de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
De todas las filtraciones habidas hasta la fecha sobre la salida a bolsa de Bankia quizás una de las más interesante son las declaraciones ante el juez Andréu del exvicegobernador del BdE y presidente del FROB, Javier Ariztegui. Según el informe de los técnicos del BdE de septiembre de 2011, “se estima dudosa la devolución de fondos del FROB” (4.465 millones inyectados en el BFA a finales de diciembre de 2010, antes de que el plan de Rato lo convirtiese en un ‘banco malo’ para la salida a bolsa de Bankia). Preguntado sobre si tomó alguna medida como presidente del FROB, Ariztegui responde que no, “me lo prohíbe la ley”, en concreto informar a la CNMV o darse por enterado como presidente del FROB de la información que tenía como subgobernador del BdE. Además, “el FROB le había dado el préstamo al BFA, no a Bankia”. Menos mal que, ante estos casos de bipolaridad institucional en los mecanismos reguladores financieros públicos, el art. 7.2 de la Ley de autonomía del BdE establece entre sus misiones “apoyar la política del gobierno”.

Pero para los autores del informe, y esta es la frase penalmente decisiva, "no puede alegarse desconocimiento de este deterioro a 31 de diciembre de 2010, porque BFA tenía la información necesaria, o estaba a su alcance conseguirla, para establecer la correcta valoración de los activos". Como señala Javier Cremades, de uno de los bufetes que espera hacerse de oro con el caso, “según nuestro Código civil, tales contratos pueden ser anulados y por consiguiente procederse a una restitución de las prestaciones realizadas. El accionista devolverá la acción a la compañía y la compañía devolverá el dinero al inversor con intereses y, en su caso, con la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder. Por otro lado, debe procederse a una restitución al ciudadano de la confianza legítima que debe tener en sus instituciones”.

Según la prensa, Bankia se prepara ya para lo peor: “En caso de que dicho evento se produzca, estimamos que el impacto en la valoración del banco sería importante, ya que el importe captado en la salida a bolsa, en torno a 3.000 millones de euros, representa el 19,5% de la capitalización bursátil y tres veces el beneficio neto estimado para 2014". Bankia acaba de superar las últimas pruebas de estrés europeas, quedando en tercer lugar en cuanto a su capitalización. Pero sus acciones se han desplomado en esta semana, tras las filtraciones, un 6%, situándose en una cotización de 1,33 euros.

Como es conocido, la CNMV tiene un expediente abierto, por su parte, sobre la manipulación de las transacciones de compra y venta de acciones. Según el informe de la CNMV, incorporada a la causa, el conflicto de interés no sólo afectaba a las operaciones entre clientes, "sino que se extendía también a la actuación de las entidades. Éstas, al permitir que la operativa descrita se produjera, se veían beneficiadas, ya que así evitaban la existencia de posibles reclamaciones y denuncias por parte de los clientes vendedores (falta de liquidez, mala información en la compra, etc.), el consiguiente perjuicio reputacional e incluso la potencial pérdida de clientes".




Los efectos de las políticas del gobierno en la crisis de Bankia

El informe atribuye al deterioro de la economía real la causa fundamental de la crisis de BFA-Bankia: las proyecciones realizadas en los distintos planes operativos del banco “estaban basadas en las magnitudes a diciembre de 2009”. Se esperaba una recuperación económica en dos o tres años, que permitiese frenar y reestructurar el efecto de la morosidad sobre la sostenibilidad a medio plazo de la institución. Tampoco era algo muy distinto de lo que había sido el programa electoral del PP: Rajoy estaba convencido de que su elección sería un elemento determinante de salida de la crisis, entre otras cosas porque tendría el apoyo de Ángela Merkel y los conservadores europeos para superar la herencia socialista.

Así que la primera victima del incumplimiento del programa del PP –obligado a “hacer cosas que no le gustaban” por la herencia de la gestión del PSOE de la crisis- fue Rato. Su plan de reestructuración, a pesar de los “errores contables” conocidos desde diciembre de 2010, fue aprobado por el BdE –aunque este es uno de los puntos que rechaza en otro ataque de bipolaridad el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez- pero ya de Guindos había tomado la dirección. Con el apoyo de los presidentes del Santander, BBVA y La Caixa, obligó a dimitir a Rato y abrió el proceso de rescate europeo. Son especialmente sugerentes las declaraciones textuales que recoge el informe del presidente del BBVA, Francisco González, en las paginas 48-49 del Informe: “Es muy difícil decir qué es razonable y qué no es razonable en un mundo dónde las cifras son monstruosas y van cambiando”.

Las presiones de la UE y el BCE, que el Gobierno Rajoy ni supo ni quiso resistir, ante la crisis de confianza en el euro y la deuda pública griega, se proyectaron en una estrategia de choque para recuperar la credibilidad de la hasta entonces ejemplar y ahora vilipendiada banca española. El método: elevar por encima de las exigencias legales europeas los niveles de capitalización de la banca española, a través de los reales decretos 2/2012 del mes de febrero y el 18/2012 de abril, que será el que desencadene definitivamente la quiebra de Bankia y la necesidad del rescate de la UE.

En la página 41 del informe se recoge una pequeña pincelada de la perplejidad del consejo de administración de Bankia el 28 de marzo. El impacto del RD 2/2012 supuso: “En Bankia saneamientos adicionales por 1.580 M y 872 en capital. En BFA solo por capital, 802 M, debido a los saneamientos realizados (en realidad gracias  los ajustes con cargo a reservas, inicial y complementario, de puesta a valor razonable en la constitución del SIP). Doña Araceli mora solicitó constancia en acta de que las entidades de crédito españolas se ven obligadas a efectuar dotaciones adicionales con cargo a resultados contrarias a las normas internacionales, lo que supone debilitar la credibilidad y reputación del modelo español, así como una desventaja para las entidades en relación a sus comparables de otros países. Sugiere que se traslade a las autoridades esta inconsistencia”.

Llegados a este punto, más allá de la cadena de responsabilidades penales en relación a las preferentes y la salida a bolsa de Bankia, lo que se delimita claramente en el informe son las responsabilidades políticas de las dos estrategias seguidas: la “gradual” del PSOE a partir de la creación del FROB, y la de “choque” del PP con los reales decretos 2 y 18/ 2012. Hay que constatar que la sesión de estudio sobre el tema de la Comisión de Economía del congreso de los Diputados fue completamente inútil, porque solo sirvió para dejar en acta las versiones más melifluas de los principales actores, que después declararían con mucho mayor vigor ante el juez Andréu.



La necesidad de una auditoria ciudadana

¿Cómo recuperar el hilo? Cualquiera que sean las conclusiones penales del auto del juez Andréu, lo que parece imprescindible es una auditoria pública y transparente de la crisis de BFA-Bankia y otras Cajas de Ahorro, que han supuesto un aumento de la deuda pública cercano al 100% del PIB y justificado las políticas de austeridad con sus terribles consecuencias. Sin esa auditoria –que debería formar parte de cualquier programa político de modernización y regeneración de España- será imposible determinar la cadena de hechos, los fallos del modelo de regulación que se consideraba “ejemplar”, los “errores contables”, la corrupción, el nepotismo en las políticas de gestión de la crisis y sentar las bases de un nuevo sistema bancario al servicio de una economía productiva y no de los especuladores. A los que, por cierto se protegió previamente con la reforma del artículo 135 de la Constitución del 78 para dar prioridad a sus intereses.

Una auditoria pública ciudadana, a partir de las conclusiones penales del caso Bankia, sería un gigantesco ejercicio de educación popular sobre el papel de los bancos y el sistema financiero. Su punto de partida no es otro que el magnifico Informe elaborado por Víctor Sánchez Nogueras y Antonio González Ruiz. Sin duda, plantearía la necesidad de importantes reformas y de la creación de una banca pública a partir de la mayoría que ostenta el estado en el capital de las Cajas de Ahorro rescatas con dinero público. Si se pudo hacer en Islandia, ¿por qué no en España?

Porque la mayor estafa, después de esta gigantesca ‘confabulación de los idiotas’ que se nos ha hecho pasar por la gestión de unos magníficos profesionales –cuya principal preocupación era su propio patrimonio- sería la reprivatización de Bankia y de las Cajas de Ahorro rescatadas. Esa privatización era, en última instancia, el verdadero objetivo de un proceso de fusiones y reestructuraciones que acabaron con las Cajas de Ahorro, entidades de ahorro sin ánimo de lucro, para convertirlas en bancos comerciales y venderlas a las grandes entidades financieras del sector. Ese iba a ser su botín de la crisis.

G. Buster es miembro del comité de redacción de Sinpermiso



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