jueves, 25 de diciembre de 2014

La lucha contra el olvido y la impunidad: juicio en España contra los crímenes de guerra de la Aviación Italiana durante la Guerra Civil. / Pascual Aguilar Pérez






La lucha contra el olvido y la impunidad: juicio en España contra los crímenes de guerra de la Aviación Italiana durante la Guerra Civil.



En la Guerra Civil Española se experimentaron nuevos métodos bélicos. Entre ellos, la aviación adquirió un protagonismo decisivo. Una forma de utilizar la fuerza aérea consistió en el bombardeo indiscriminado y sistemático sobre la población civil. Así se convirtió la retaguardia en frente de guerra y se vulneraron todos los tratados y convenios internacionales que se firmaron al finalizar la Primera Guerra Mundial. Giulio Douhet, general italiano, fue uno de los primeros en teorizar sobre la participación de la aviación en los conflictos bélicos. En 1929, Douhet escribe: «El objetivo de la lucha bélica ha cambiado: ya no es la fuerza del adversario, es la resistencia moral de la nación enemiga […] Sobre ésta caerán los golpes más formidables […] se desencadenará una carrera espantosa hacia la masacre».

A finales de julio de 1936 Franco ya contaba con el apoyo del fascismo europeo, que fue determinante para conseguir la victoria. En la guerra aérea Mussolini contribuyó con la Aviazione Legionaria y 764 aviones. Hitler aportó los militares que formaban parte de la Legión Cóndor y 277 aviones. El conflicto español también sirvió como campo de pruebas para las aviaciones italiana y alemana, que estaban desarrollando armamento y tecnología aplicados a la eficacia destructiva [1]

La ciudad de Barcelona fue una de las más castigadas por los bombardeos de la Aviazione Legionaria. Mussolini fue responsable directo de los momentos más álgidos del hostigamiento durante los días 16, 17 y 18 del mes de marzo de 1938, en los que murieron más de mil personas.[2] La brutalidad de los bombardeos de saturación tuvo tanto eco internacional que Franco, después de treinta y seis horas de ataques ininterrumpidos, envió a Roma dos telegramas ordenando parar la acción inmediatamente.

Hasta ahora las iniciativas políticas emprendidas en el parlamento catalán y en el italiano para que Italia pida perdón han fracasado. Italia, al contrario que Alemania, se ha negado siempre a asumir cualquier responsabilidad institucional derivada de la intervención fascista.

Setenta años después de los hechos, en 2009, se fundó en Barcelona la asociación AltraItàlia, que agrupó a ciudadanos de origen italiano residentes en la ciudad. Gentes que provenían de un amplio espectro de la izquierda y compartían un sentimiento común de vergüenza e indignación por la banalización de la política que han generado los gobiernos de Berlusconi. AltraItàlia criticaba la oleada de revisionismo histórico que sufre la sociedad italiana y defendía la necesidad del recuerdo y la reparación a las víctimas del fascismo. La Asociación se propuso llevar a cabo una acción judicial contra el estado italiano como respuesta al negacionismo, a la falta de excusas y compensaciones y a las anomalías que plantea la realidad española en torno a la memoria histórica.[3] Se consideró a Italia responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad al bombardear Barcelona entre el 13 de febrero de 1937 y el 29 de enero de 1939.




Los procedimientos judiciales establecen que las querellas deben interponerse contra personas concretas, en este caso los aviadores italianos supervivientes. Los demandantes han de ser víctimas de la acción de los denunciados. Los miembros de AltraItàlia iniciaron contactos para encontrar personas que estuvieran dispuestas a denunciar los hechos, contando con el apoyo jurídico y la personación en la causa de la Asociación. Dos vecinos del popular barrio marítimo de la Barceloneta, duramente castigado por la Aviazione Legionaria, interpusieron las denuncias.

 Al formalizar la acusación AltraItàlia declaraba que: «Entendemos la denuncia dentro de un contexto de derecho europeo y de construcción de las memorias compartidas, pero pensamos que la reconstrucción de estas memorias no es posible sin un claro y abierto reconocimiento de las culpas, que en este caso son particularmente graves». La Asociación exigía una indemnización simbólica que comporte un acto oficial de disculpa. También proponía, en el hipotético caso de que el estado italiano fuera condenado y obligado a reparar económicamente a las víctimas, crear un fondo para la construcción y mantenimiento en Barcelona de alguna infraestructura formativa o sanitaria.

La denuncia se presentó ante la Audiencia Nacional el 2 de junio de 2011 y, aunque se admitió a trámite, el tribunal se declaró incompetente por razones de ámbito territorial. Esta decisión dejaba en suspenso el inicio de las acciones judiciales hasta que el pasado 23 de enero de 2013 la sección X de la Audiencia Provincial de Barcelona se hizo cargo de la querella e inició el procedimiento judicial[4]. La decisión fue histórica ya que por primera vez se abría un juicio en España sobre crímenes de guerra perpetrados por el bando franquista durante la Guerra Civil.

Esta situación era posible porque los miembros de la Aviazione Legionaria, cuerpo expedicionario de un país tercero que no había declarado la guerra a la República, no quedan protegidos por la vergonzosa Ley de Amnistía de 1977. Ley de punto final blindada por las posteriores leyes de Memoria Histórica que garantizan la impunidad a los criminales franquistas.

A pesar de la falta absoluta de colaboración en esta iniciativa por parte de instituciones y partidos políticos, fieles también en esta ocasión al «pacto del Olvido», que ha marcado la mal llamada transición española, la interlocutoria de la sección X de la Audiencia Provincial recordaba a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona la posibilidad de actuar como parte activa en el proceso. Implícitamente se recordaba a estas instituciones que su papel es el de acompañar y apoyar a las víctimas de los hechos, tal y como ha sucedido numerosas veces en Italia en los juicios contra los crímenes cometidos por el ocupante nazi al final de la Segunda Guerra Mundial.

Una de las consecuencias concretas de la decisión judicial es que se abre la vía para que otras poblaciones afectadas por los bombardeos emprendan acciones legales y se personen en el proceso. La acusación difunde esta posibilidad en Cataluña y en otros territorios devastados por la Aviazione Legionaria, como en la villa bajo aragonesa de Alcorisa.

Respecto a los aviadores que están vivos, y podrían ser encausados por delitos imprescriptibles de lesa humanidad, se tiene noticia de la existencia de como mínimo cuatro miembros de la Aviazione Legionaria que intervinieron en la guerra de España. Una dificultad añadida para la identificación de los responsables concretos de los bombardeos es que, como forma de protección, las tripulaciones entraban en España con identidad falsa.

La primera reacción del estado italiano respecto a la denuncia fue una declaración de colaboración fiel con la justicia española. En julio de 2013 el Ministerio de Defensa  italiano respondió a la primera comisión rogatoria internacional que le demandaba las filiaciones y el paradero de los miembros de la Aviazione Legionaria con base en Mallorca. Así se facilitó a la magistrada titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona, Olalla Ortega, un listado incompleto de oficiales de alta graduación de la Aviazione Legionaria que habían fallecido. Jaume Assens, uno de los abogados de los denunciantes declaraba, «el Ministerio de Defensa sólo se ha limitado a constatar la veracidad de los datos de cuatro querellados identificados plenamente por la acusación».



Pese al requerimiento de la juez, el estado italiano no ha aportado más información de todos los supuestos participantes en los bombardeos. La democrática república italiana, como responsable civil subsidiaria de los hechos juzgados, es consciente de que la dilación en el tiempo es su mayor aliado para que se declare el archivo de la causa. De esta forma el estado italiano incumple los tratados jurídicos bilaterales, europeos e internacionales que le obligan a la colaboración judicial.

Italia no se plantea realizar ningún acto simbólico de desagravio, ni mucho menos negociar una reparación económica, a pesar de que la guerra de 1936-1939 fue una buena operación para sus arcas: Franco saldó religiosamente la deuda de guerra mediante pagos que se alargaron hasta la década de los sesenta.

Desde marzo de 2013 la juez busca sin éxito a los autores de los bombardeos. La obstaculización a la justicia se ha evidenciado durante la primavera pasada, cuando en los medios de comunicación aparecía la noticia de que en el mes de marzo se había condecorado al ex aviador Luigi Gnecchi al cumplir los 100 años. La ministra de defensa italiana, Roberta Pinotti, felicitaba de manera elogiosa al piloto, que había hecho méritos por acciones de bombardeo entre 1935 y 1943. En la fotografía publicada del anciano Gnecchi se le veía lucir con orgullo, entre otras, la primera medalla al valor por su participación en la Guerra Civil Española.

A partir de esta noticia la juez Ortega tramitó la solicitud para crear una nueva comisión rogatoria a la justicia italiana y poder desplazarse e interrogar a Gnechi. Hasta el momento las demandas de la juez no han tenido respuesta a pesar de las gestiones que se están realizando amparadas en organismos de coordinación judicial de la Unión Europea.

La demora ha provocado que los querellantes, asesorados por el historiador Xavier Domènech, planteen otra forma de identificar a los militares implicados. Los imputados fueron laureados por el gobierno español, gesto que implicaba el cobro de una pensión de guerra desde 1938 a 1943. Se sospecha que algunas distinciones comportaban la percepción de una asignación vitalicia, por lo que se ha solicitado a la magistrada que requiera los datos de los pensionistas de la Aviazione Legionaria al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español. Según Domènech, «esta información no es secreta, sólo hace falta voluntad política para hacerla pública y accesible.»

Mientras, el gobierno de Madrid y las instituciones catalanas guardan silencio y miran hacia otro lado. La pasividad es tal que no se intuye ni un mínimo incidente diplomático por esta cuestión. Aunque parezca inaudito los representantes institucionales de los bombardeados y sus descendientes están haciendo caso omiso a la posibilidad de conseguir justicia para sus ciudadanos. Una falta de reacción que demuestra que la denuncia, consiga sus objetivos o no, ha destapado un poco más la losa de impunidad sobre la que se fundamenta la arquitectura jurídica, política e institucional de la marca España.

Pascual Aguilar Pérez





Fotografía del bombardeo a Caspe del 7 de marzo de 1938. El objetivo del bombardeo es el puente de la carretera. La imagen está extraída del libro ‘Marzo de 1938. Bombardeos italianos en el Bajo Aragón’, de Roberto Alquézar, David Alloza y Natanael Falo. Editado por el Ayuntamiento de Alcorisa, 2012.


[1] En este sentido, recientemente, se ha divulgado el motivo de los bombardeos de los pueblos de Benassal, Ares del Maestrat, Vilar de Canes y Albocàsser, en Castellón, comarca del Alto Maestrazgo. Estas poblaciones estaban alejadas del frente de guerra y no tenían valor estratégico. Ver Óscar Vives, miembro del grupo de Recuperación de la Memoria del siglo XX de Benassal y coordinador de la Exposición Experimentos de la Legión Cóndor en el Alto Maestrazgo. Se puede consultar su artículo Experiments de la Legió Còndor a l’Alt Maestrat, 1938. Revista L’Avenç, Barcelona, número 390, mayo de 2013. Páginas 37-43. El acceso a los archivos de la Legión Cóndor demuestran que estos ataques tuvieron como objetivo comprobar la precisión de los bombardeos de los aviones Stuka con bombas de 500 kilogramos.

[2] El 31 de marzo de 1938 el gobierno de la República solicitaba a la Sociedad de Naciones que condenara a Italia por estos bombardeos. La petición argumentaba que la agresión violaba una resolución que ya había sancionado la Sociedad el 25 de julio de 1932, en la que se prohibía el bombardeo aéreo sobre objetivos civiles. La respuesta de la Sociedad de Naciones, de enfoque limitado y legalista, se remitía a un Protocolo firmado en 1925 en el que no se consideraba este tipo de ataque. La petición fue rechazada. La debilidad de la Sociedad de Naciones frente a las acciones cada vez más violentas del nazi-fascismo alimentó un ambiente de impunidad que llevaría a cometer innumerables crímenes durante la Segunda Guerra Mundial.

[3] La ONU ha recordado reiteradamente a los diferentes gobiernos españoles que la Ley de Amnistía de 1977 no es de aplicación para los crímenes de lesa humanidad que se produjeron en España durante más de 40 años. Después de un año de investigaciones, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator de la ONU para la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición presentaron el mes de septiembre pasado sus informes sobre los crímenes del franquismo ante la asamblea del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Tanto el Grupo de Trabajo como el Relator exigen a España que corrija de forma inmediata la desatención que padecen las víctimas del franquismo. También recogen en sus informes la omisión en los programas escolares de esta parte de la historia, la escasa operatividad de la Ley de Memoria Histórica y el desentendimiento de la administración de Justicia en el descubrimiento y la exhumación de fosas. España es el segundo país del mundo, después de Camboya, que tiene el número más alto de desaparecidos y de fosas comunes pendientes de exhumar.

[4] AltraItàlia consiguió su objetivo inicial pero se produjeron divergencias políticas entre sus miembros. Por un lado se afianzó en los órganos de la Asociación una tendencia posibilista que planteaba el entendimiento con las instituciones y el rechazo a exigir compensaciones económicas al estado italiano. Por otro lado, la mayoría de los componentes de la Asociación no estaban dispuestos a conformarse con arrancar al estado italiano solamente un acto simbólico de disculpa, desestimaban practicar la vieja política de siglas, pasillos y negociaciones y dejar de lado el discurso reivindicativo. Este grupo de activistas abandonó AltraItàlia y asumió las responsabilidades derivadas de la denuncia: búsqueda de información, coordinación con abogados, historiadores, asociaciones memorialistas y otros movimientos sociales, realización de jornadas y de todo tipo de actos divulgativos…





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