jueves, 11 de diciembre de 2014

Las huelgas mineras asturianas / Guy Debord




Las huelgas mineras asturianas 

Texto escrito por Guy Debord y enviado en una carta a Toru Tagaki, fechado el 28 de octubre de 1963 e inédito en vida de su autor.

El verano de 1963 estuvo marcado en España por una segunda oleada de luchas obreras contra el régimen de Franco. La primera reaparición amenazante del proletariado español, veintitrés años después del primer fracaso de su revolución, que siguieron a la guerra civil contra el fascismo local e internacional, había sido la primera oleada de huelgas en la primavera de 1962. A pesar de que las huelgas eran ilegales tras la victoria de Franco, estas movilizaciones generalmente victoriosas se extendieron por casi toda España. Empezaron en las minas de carbón de Asturias. Entre la última semana de julio y finales de septiembre de 1963, los mineros asturianos organizaron una huelga de sesenta días que reunió entre 40.000 y 50.000 trabajadores. Desde el éxito de 1962 no había cesado la agitación en las minas asturianas. Los conflictos sobre condiciones de trabajo y las huelgas selectivas habían proseguido constantemente. Esta vez, una huelga espontánea en una mina de carbón se extendió, con espíritu solidario, por todas partes en las regiones mineras de Asturias. Los metalúrgicos de Mieres se unieron momentáneamente, pero sus demandas fueron satisfechas rápidamente. Hacia el final del movimiento estallaron varias huelgas entre los mineros del sur de España (Río Tinto y Puertollano), y otros trabajadores se unieron a la agitación en la principal región productora (Jaén). Sin embargo, en ese momento el movimiento asturiano perdió ímpetu y la huelga no se extendió a Cataluña (Barcelona es el otro gran centro de industrialización y movimiento obrero en España), el País Vasco o Madrid.




Las revindicaciones de los mineros, económicamente más bien pequeñas, concernían a los trabajadores asalariados debido a que el aumento del coste de la vida en el curso de los últimos 16 meses había absorbido los incrementos ganados en 1962; pero no se limitaban únicamente a este aspecto. Tenían que ver también con las condiciones laborales y las vacaciones. Los metalúrgicos de Mieres habían conseguido un mes de vacaciones pagadas por año; los mineros añadieron inmediatamente esta demanda a las suyas. No obstante, la principal reivindicación de los mineros se refería al derecho a ser representados directamente por sus propios delegados, rechazando la estructura sindical "vertical" de Franco, en la que trabajadores y empresarios estaban obligatoriamente organizados juntos. Así que fue una huelga directamente política, una contestación de una de las bases del régimen que la burguesía española había abandonado en 1936-39. Fue una lucha abierta por la dignidad, y de esta manera una demostración de fuerza hacia el régimen, detestado por todos los trabajadores españoles.


Las formas de lucha de los mineros asturianos muestran su voluntad de independencia. Cada sector de la mina elegía su propio delegado mediante reuniones clandestinas, y estos lideraban la movilización. Al no reconocer al sindicato, para presentar sus reivindicaciones directamente los huelguistas enviaron al gobierno de Madrid a un grupo de mineros afectados de silicosis. Estos repetían que no tenían otros representantes que ellos mismos.


La solidaridad de los trabajadores de la región se ha manifiestado constantemente. Como en 1962, aquellos que no participan en la huelga reciben el insulto de los "granos de trigo" arrojados en las puertas de sus casas (comida para pollos, símbolo de cobardía). El pescador de Bilbao ha trabajado fuera de su turno normal para poder suministrar pescado a los mineros. Aquellos mineros que todavía poseen pequeñas parcelas cultivadas las han trabajado con otros camaradas y han compartido su producto. Pequeños comerciantes de la región han apoyado la huelga distribuyendo individualmente comida a los trabajadores en sus barrios. Los mineros asturianos dicen que el dinero colectado para ellos en el extranjero en 1962 nunca se distribuyó: quedó en manos de los burócratas de Praga (estalinistas) y de Toulouse (socialistas en el exilio) para financiar su propaganda. Reclaman que el dinero se reparta directamente a las familias de los huelguistas.




El papel de las viejas organizaciones políticas del proletariado español, todas ellas seriamente desacreditadas por sus errores durante la revolución y la guerra civil, es actualmente muy limitado, mientras que las demás -anarquistas, estalinistas, socialistas, P.O.U.M.- poseen todavía redes clandestinas. La más activa con respecto al movimiento asturiano parece haber sido la alianza de sindicatos, constituida por militantes anarquistas y socialistas, pero también muchos jóvenes trabajadores que no se adhieren a ideologías concretas, por un lado, y el Frente de Liberación Popular, que es una organización reciente al estilo de Castro que obtuvo sus reclutamientos iniciales entre intelectuales y estudiantes, por otro. El Partido Comunista es particularmente despreciado por el proletariado por su política de incluir a todas las clases españolas -incluida la burguesía monárquica-, así como de obtener pacífica y "democráticamente" el reemplazo de la dictadura franquista. De esta forma, el Partido Comunista tiende a garantizar al capitalismo que los cambios políticos esenciales no corren el riesgo de hacerse revolucionarios. Esta directiva política es muy difundida en España por Radio Praga.


En 1962 el gobierno de Franco, amenazado por el alcance de las movilizaciones, trató de ocultar su existencia mientras pudo. Finalmente tuvo que admitir la existencia de huelgas ilegales y subir los sueldos. Cuando acabó la huelga, la represión se limitó a la deportación de una pequeña cantidad de trabajadores militantes. En esta ocasión la existencia de la huelga ha sido inmediatamente reconocida por el gobierno, pero se ha justificado técnicamente por la crisis global en las minas de carbón debida a las nuevas fuentes de energía -una crisis que se da realmente en toda Europa-, atestiguada por las recientes huelgas de los mineros franceses y belgas en Borinage y particularmente en España, donde los niveles de extracción no son rentables, especialmente desde la perspectiva de la integración económica europea. Al principio, las autoridades respondieron con una serie de lock-outs; luego propusieron un debate sobre el futuro global de las minas con el sindicato. Los mineros rechazaron ese debate. Con cada reapertura oficial de las minas -hubo varios intentos ilegales y ridículos de hacerlo, y eventualmente se intentó cada lunes- los empresarios eran obligados a reconocer que no había suficientes mineros presentes para organizar los equipos de trabajo y declaraban un nuevo lock-out. Mientras el gobierno dejaba que la huelga se hundiese debido al agotamiento de los recursos financieros de los trabajadores, ejercía todo su poder para tratar de impedir una extensión de la misma que podía derrocarlo. Las armas del gobierno no fueron sólo concesiones económicas (como en Mieres), sino también una represión policial extremadamente violenta. Algunos mineros fueron arrestados y encarcelados; muchos de ellos fueron también torturados.

Como complemento de la represión, que se ha ocultado cuanto ha sido posible, pero que ha provocado ya las protestas públicas de unos cuantos intelectuales españoles, el gobierno de Franco ha organizado un juicio espectacular de la amenaza anarquista. Cinco militantes anarquistas fueron arrestados después -e incluso antes- de que estallasen varios pequeños artefactos, supuestamente como protesta contra el turismo bajo la dictadura (el influjo de los turistas del resto de Europa se incrementa cada año y constituye una contribución esencial a la economía franquista). Dos anarquistas españoles han sido pasados por el garrote (un castigo deliberadamente medieval). Tres jóvenes franceses han sido condenados a 15 y 30 años de prisión.

El alcance de la lucha asturiana y la represión que todavía sigue en marcha tendrán ciertamente un gran peso sobre las consecuencias de la crisis del franquismo. Los mineros asturianos ocupan un lugar inolvidable en la historia de la España moderna. En 1934 armaron la insurrección que siguió sus pasos para tomar el poder en toda la región; sólo una semana después de las operaciones militares, dirigidas principalmente por el ejército colonial español, la Comuna asturiana fue derrotada. Para ambas partes, esta confrontación armada fue el preludio de la guerra civil general, en el curso de la cual la generación precedente de estos mismos mineros asturianos se convertirían en los famosos dinamiteros de las batallas de Madrid y Guadalajara.

De esta manera, los mineros asturianos de hoy son el centro de las contradicciones de la España moderna. Sus demandas actuales son simultáneamente aceptables e inaceptables. En principio estas demandas (el derecho a la huelga y a la presión sindical para incrementar regularmente los salarios) son aceptables para el capitalismo moderno, pero en el período en el que nos encontramos, la modernización del capitalismo español (emprendida con ayuda del capital americano) ha avanzado lo suficiente para que se pueda pensar que la base social de la clase dominante se ha modificado profundamente desde 1936. El predominio ha pasado de los latifundistas a los capitalistas industriales. Estos capitalistas, que intentan construir una industria orientada en base al papel competitivo en el Mercado Común Europeo, no ha encontrado en la superestructura del régimen de Franco un poder adaptado a su actividad o sus máximos beneficios. Las declaraciones de la facción moderna del clero español en favor de los huelguistas de 1962 expresan los intereses de esta modernización capitalista; la concesión de un mes de vacaciones es igualmente característica de esto. No obstante, es muy difícil reemplazar suavemente el poder del régimen de Franco, que es primariamente el ejercicio del poder político por la casta militar, es decir, por las fuerzas represivas que destruyeron la revolución proletaria. El gobierno de Franco no puede volverse "democrático" por sí mismo, y dado que este régimen sigue siendo el modo de gobernar en España, las reivindicaciones de los mineros seguirán siendo inaceptables. Cualquier libertad de la clase trabajadora es inaceptable para un poder cuya función no es otra que la supresión de esa libertad.

El reemplazo del poder franquista es puesto así en peligro precisamente por la presión de la clase trabajadora, a la que el régimen empuja actualmente a medidas radicales. Los trabajadores son la principal fuerza que puede barrer el régimen franquista, pero no lo harán con la esperanza de establecer un capitalismo más moderno y una democracia formal, como en Francia o Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. En España, la memoria mantiene un gran poder político. La evolución política hasta el presente ha sido en efecto obstaculizada, puesta en hibernación desde la victoria de Franco. Y de esta manera, la evolución económica ha llevado a España una vez más, en condiciones especiales, a un rendez-vous con el capitalismo global y sus problemas.


El actual ascenso del proletariado español todavía no ha apuntado a producir una organización revolucionaria adaptada a sus nuevas posibilidades, y esta carencia ha minado naturalmente la extensión del movimiento por toda España, una extensión que bastaría para destruir el régimen franquista y, junto con él, todo el orden social que no podría superar el nivel de este régimen. Pero al mismo tiempo, el hecho de que la clase trabajadora española no sea liderada por un partido reformista o estalinista agrava la posición de los intereses capitalistas modernos, reduce su margen de maniobra y termina en una contradicción extrema. En su permanente incapacidad para organizar un poder adaptado a sus fines, la clase dominante española pronuncia contra sí misma un juicio que sólo el proletariado puede ejecutar.



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