miércoles, 21 de octubre de 2015

El chico de la bicicleta / Gregorio Morán





El chico de la bicicleta 

Como gran solución se les ha ocurrido la manipulación de la judicatura hasta extremos que sobrepasan la decencia.

El 14 de junio del 2008 un par de gamberretes encuentran tirada una bici del servicio de municipal de bicicletas de Sevilla. Eran las tres y pico de la madrugada y con toda probabilidad, dado el horario, en esas condiciones que se definen como más colgados que un jamón. Montan los dos y apenas avanzan los detiene la policía. La escena cantaba más que la Giralda. Los enchironan. Como uno de ellos es menor, el marrón se lo come el que acaba de cumplir los 18. Se llama Adrián Manuel Moreno. Le caen seis meses “por robar una bicicleta”, valorada, según el servicio correspondiente del Ayuntamiento sevillano, en 1.200 euros. Un poco cara, diría yo, cuando se compran al por mayor.

Pero sigamos con la historia. No mucho después al Adrián le pillan en un “allanamiento de morada”, y vuelta a comisaría. Empieza a ser un reincidente. Una mala tarde se le ocurre conducir un coche cuando tenía el carnet con el permiso cancelado y menos puntos que la abuela del bingo. Pero gracias a que la justicia es lenta, pero segura como una funeraria, a Adrián le dio tiempo a cambiar de vida. Se casó, tiene dos hijos y un trabajo fijo. ¡Fijo!, oigan bien lo que les digo. ¡Fijo! Ahora le ha llegado la notificación de que ingresará en la cárcel, tras la resolución de la Audiencia, a menos que el Gobierno le indulte. ¿Se imaginan al Consejo de Ministros, presidido por Rajoy, atendiendo a una solicitud de indulto pronunciada por el atildado ministro de Justicia, para un pringao que cogió una bicicleta que no era suya, una madrugada de farra y alegría en Sevilla, allá por el 2008?

Hemos vuelto a De Sica y Zavattini y al mundo neorrealista de El ladrón de bicicletas. Tanto que en muchos aspectos se palpa el ambiente de la década de los cincuenta, cuando era posible enchironar a un parado por robar una bicicleta y declarar exentos de tales rigores judiciales a los chorizos más importantes que se repartían por el país. ¿Se imaginan la lista que podríamos hacer desde aquel día de junio del 2008 hasta ahora mismo, de todos los que en vez de vacilar con una bici en una noche loca, se llevaron la fábrica, la vendieron y dejaron al personal de un pasmo y en la calle? Y quien dice una fábrica de bicicletas, puede poner un banco, una industria, una operación financiera contada en millones de euros. Decir esto ahora se llama demagogia, en otro tiempo se llamaba por su nombre y tiene muchos. Pero el chiste más grande del bla-bla-bla institucional es que la justicia es igual para todos, frase que en honor a la verdad debería ser corregida y aumentada: la justicia es igual para todos siempre y cuando partan de las mismas condiciones. Y esas condiciones exigen en primer lugar patrimonio, y en segundo unos buenos letrados. A partir de ahí la justicia es igual para todos ellos.

De no ser porque se trataba de un antiguo magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no lo hubiera creído. Y además lo firmaba valerosamente con su nombre y dos apellidos, Angel García Fontanet. En un artículo más que brillante, titulado “El honor del defraudador” (El País), dejó escrito: “[La minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial] se opone a la publicación [de la identidad de los defraudadores] alegando que los derechos individuales de los grandes delincuentes fiscales son prevalentes al deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.

De no haberlo escrito persona tan principal ni yo mismo me lo hubiera creído. Esta obsesión “garantista” de algunos juristas progres, o antiguamente progres, digámoslo todo, muchos de los cuales acaban trabajando o montando grandes bufetes de abogados expertos en salvar a blanqueadores, traficantes y demás personal socialmente relevante, me provoca arcadas… Me ocurre también cuando contemplo a Rodrigo Rato veraneando en un yate mientras le vienen encima unas acusaciones que convierten al ex director del FMI en un insaciable delincuente. El “garantismo”, en una sociedad como la nuestra, no es más que un recurso para que Millet se exhiba en silla de ruedas, como si se tratara de una película de Berlanga. O que Bárcenas pueda ir a esquiar, como si nada hubiera pasado. O que Pujol y familia aparezcan sin sufrir el desprecio social que se merecen. Es la diferencia entre robar una bicicleta y quedarse con millones del erario público. Cuando oiga la frase “dejemos que la justicia haga su trabajo”, échese a temblar, porque el asunto ya está decidido.

Nuestra sociedad se ha recubierto de una costra de gozosa indiferencia. Roban todos, dicen. Como si eso fuera un argumento para la impunidad. El garantismo, o lo que es lo mismo, el supuesto respeto a las leyes y por tanto a los derechos del delincuente de altos vuelos, gente que provoca la ruina de otros pero jamás la suya, ha llegado a un punto en el que se traduce como una provocación. Cuando en un país se puede cesar a un alto cargo del Consejo de Seguridad Nuclear, como es el caso de Rodolfo Isasia, porque se opone a restringir la información a la ciudadanía sobre los incidentes que suceden en las centrales nucleares, es que estamos al borde de un régimen corporativo, donde lo que usted cuenta en realidad no cuenta para nada. Entre lo que denunciamos y sus consecuencias, media un abismo, una especie de barranco de desechos acumulados. En apenas unas horas se ha convertido en humo, en aire, contaminante y corrosivo pero socialmente inocuo.

Estamos en manos de un personal impresentable. Escucho a los ministros, casi sin excepciones notables, y me llevo las manos a la cabeza. Excuso decir que lo nuestro, lo de casa, esto es de traca. ¿De verdad esta sociedad se merece esto? Siempre me he negado a admitir ese aforismo de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. No es cierto. Bastaría con echar la vista atrás para entender que eso es una justificación de la injusticia. Tenemos los gobiernos que nos venden y nos publicitan y nos acongojan, porque la gente tiene una capacidad infinita para comulgar con ruedas de molino. Y si no que se lo pregunten al alimón a Mariano Rajoy y Artur Mas.

Estamos en el nivel más alto de corrupción del occidente europeo. Nuestra mafia es tan eficaz y controla tanto poder que no necesita matar, se conforma con la extorsión. Además cuando hay muertos se procura con rigor y eficacia que no salgan en los diarios. Si los sicarios son anónimos, todo lo más unas siglas, los poderosos apenas si son reconocibles. Los partidos institucionales, desde el PP a Convergència –partido institucional por excelencia, tal como lo creó Pujol– hasta el PSOE, están de mierda hasta las orejas. Y como gran solución se les ha ocurrido la manipulación de la judicatura hasta extremos que sobrepasan la decencia.

Como el ciclista de Sevilla que solicita un indulto, parece como si todos tuviéramos que pedir al poder que nos indulte. No sé qué habremos hecho pero el ministro Fernández Díaz tiene muy claro que somos sospechosos de colaborar con el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Todo aquel que no es amigo. La ley mordaza nos coloca a los pies de los caballos. Hay tantas razones para acusarnos. Pero esto no es lo peor, lo más grave es que quien aspira a rescatarnos de lo que nos amenaza está jugando a hacer política y se divierte muchísimo con entrevistas y debates.

En un país donde se ha degradado la política entendida como profesión resulta que nuestros medios de comunicación dedican sus informativos y sus páginas a eso que la gente aborrece. No es una cuestión de miedo sino de inquietud. La impunidad del poder, allí y aquí, es tan evidente que al ciudadano le cabe preguntarse: “Si me sucediera algo, ¿a quién recurro?”. Tiempos de inquietud en una sociedad a punto de explotar, porque no es fácil volver a los tiempos de neorrealismo y de El ladrón de bicicletas sin que aparezca un fenómeno, aún reducido pero ya presente, la violencia. Había pensado terminar con una frase hermosa sobre el otoño y las setas, pero creo que está de más.

Gregorio Morán

Fuente:
La Vanguardia, 17 de octubre 2015



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